Por SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Varias organizaciones defensoras de derechos humanos de Centroamérica anunciaron el miércoles la creación de “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política” con el fin de registrar y documentar la criminalización que defensores sufren aquí y otros países de la región.
“El inicio de este registro es sobre la situación de Guatemala”, dijo en conferencia de prensa René Valiente de la organización salvadoreña Cristosal. Explicó que lo que se busca es establecer un registro o memoria que permita dejar para el futuro y para procesos judiciales por venir una base de evidencia sólida para ser usada por víctimas en sus procesos legales nacionales o internacionales.
“Ante el abandono de las instituciones es necesario establecer criterios y referentes independientes que permitan dar cuenta de lo que pasó y de la falta de accionar de las instituciones que debieron proteger a las personas”, agregó Valiente.
La abogada Claudia González, ex funcionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —una misión de Naciones Unidas que trabajó en Guatemala durante 12 años y que logró desbaratar varias estructuras del crimen organizado y de corrupción integradas incluso por funcionarios públicos— ha denunciado haber sido criminalizada por su trabajo como abogada del organismo.
“Hemos visto cómo se ha transformado el tema penal, usado como una herramienta de control y castigo contra aquellos actores que trabajan en materia de derechos humanos”, afirmó González y recordó que la criminalización empezó hace varios años contra defensores de la naturaleza en el interior del país. Actualmente González enfrenta dos procesos judiciales por su trabajo como abogada.
González dijo que es importante tener una memoria de los patrones que se utilizaron para criminalizar, como el uso de los mismos jueces para los procesos judiciales contra defensores de derechos humanos; las fiscalías, uso de la prisión preventiva larga o envío a prisiones en condiciones de aislamiento.
Unos 100 operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas salieron al exilio desde 2022 durante el pasado gobierno del presidente Alejandro Giammattei tras acusar a la fiscalía de criminalización.
En mayo, la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, visitó el país y al terminó de su visita cuestionó a la fiscalía del país, según dijo, por mantener una política de criminalización contra colectivos, como operadores judiciales, líderes sociales o periodistas, por sus denuncias contra la corrupción.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos celebra audiencias temáticas sobre la criminalización que exjueces, exfiscales y exmagistrados exiliados han sufrido en varios países de la región, donde exiliados guatemaltecos denunciarán prácticas de hostigamiento, persecución y represalias por sus trabajos como operadores de justicia.
