Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — La capital de Perú inició el martes un estado de emergencia por 30 días con mínima presencia de militares y policías en las calles. La medida se da debido a una ola delincuencial que ha impulsado los asesinatos y las extorsiones en medio de una crisis política donde algunos legisladores exigen la renuncia del ministro del Interior.
Los medios locales reportaron desde la madrugada que decenas de paraderos claves de la capital donde miles de peruanos salen desde temprano a sus centros laborales se encontraban sin presencia de las fuerzas de seguridad, tal como fue anunciado la víspera por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
“No existe Estado, estamos abandonados a nuestra suerte”, dijo a The Associated Press Pedro Quispe, de 48 años de edad, antes de subir a un bus que lo iba a llevar desde la periferia norte de la ciudad hasta un taller de costura cerca del centro de Lima donde, dijo, “la delincuencia es pan de cada día”.
“Subes a un bus y pueden dispararte, bajas de un bus y te pueden robar, trabajas y te pueden extorsionar y matar”, señaló.
El gobierno decretó la víspera una emergencia que recortó derechos constitucionales en la capital. Las fuerzas de seguridad pueden ingresar a cualquier casa y detener a los ciudadanos dentro o fuera de sus domicilios sin orden judicial. Los peruanos tampoco pueden reunirse o transitar de forma libre.
La reacción del gobierno llegó luego que el lunes se presentaron tres pedidos para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por no tener “planes estratégicos” para combatir la criminalidad. La respuesta del gobierno y el Parlamento fue gatillada por el asesinato el domingo de Paul Flores, cantante del popular grupo de cumbia local Armonía 10, un género musical preferido por millones de peruanos.
El martes, los ciudadanos se mostraban escépticos sobre el éxito del régimen excepcional para acabar con las extorsiones y la violencia delincuencial.
“Hay más policías y militares en los días en que la gente ha protestado, pero hoy mire usted, no hay nadie, todo vacío, solo Dios nos protege”, indicó Jeny Ramírez, quien esperaba un bus para ir a un hospital a visitar a un familiar enfermo.
Ramírez recordó que en las cinco manifestaciones ciudadanas previas desde septiembre, impulsadas por transportistas y barberos quienes protestaron contra las extorsiones y la ineficiencia de las autoridades, hubo considerable presencia de policías y militares en las calles desde la madrugada.
Jorge Zapata, presidente de la poderosa Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, indicó a la radio local RPP que los pequeños comerciantes en Lima pierden más de 137.000 dólares diarios por la delincuencia, citando un estudio de la consultora Videnza, realizado tras entrevistar a 1.442 negocios capitalinos a fines de 2024.
Los asesinatos se han disparado desde 2017. Ese año hubo 674 homicidios, pero en 2023 ya se habían más que duplicado llegando a 1.506 y en 2024 se habían triplicado a 2.057. La violencia no se ha detenido porque entre el 1 de enero y 15 de marzo se han registado 459 asesinatos, 59 más que en el mismo periodo de tiempo de 2024, según datos del Sistema de Información de Defunciones.
Las extorsiones también han ido en aumento. En 2017 las denuncias fueron de 5.225, pero en 2023 se cuadruplicaron hasta 22.396 y en 2024 subieron a 22.835 denuncias, según datos del Ministerio Público.
Originally Published:
