Estudiante de Cornell que demandó a administración Trump recibe orden de entregarse a ICE

Por MICHAEL HILL y JAKE OFFENHARTZ

NUEVA YORK (AP) — Un estudiante internacional de la Universidad de Cornell involucrado en protestas propalestinas ha recibido órdenes de entregarse a las autoridades de inmigración mientras busca bloquear acciones de deportación por parte de la administración Trump.

La acción del gobierno contra Momodou Taal se produce mientras el presidente Donald Trump intensifica los esfuerzos para arrestar y deportar a no ciudadanos que participan en tales protestas o que se manifiestan contra las acciones militares de Israel en Gaza. En uno de los casos más destacados, el Departamento de Justicia presentó recientemente nuevas acusaciones contra un estudiante graduado de la Universidad de Columbia que ha sido detenido y señalado para deportación debido a su participación en protestas.

Taal, un estudiante de doctorado en estudios africanos en Cornell, presentó una demanda federal el 15 de marzo buscando bloquear la aplicación de órdenes ejecutivas de Trump que temía podrían llevar a su deportación. Taal es ciudadano del Reino Unido y Gambia.

El viernes, solo seis días después, se le pidió al estudiante internacional de 31 años que se entregara a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según sus abogados.

En su presentación ante el tribunal, el Departamento de Justicia indicó que la visa de estudiante de Taal fue revocada antes de que presentara su demanda, pero los agentes de ICE tuvieron problemas para localizarlo. La revocación se basa en la supuesta participación de Taal en “protestas disruptivas”, ignorando las políticas universitarias y creando un ambiente hostil para los estudiantes judíos, según el gobierno.

Un abogado de Taal, Eric Lee, señaló el lunes que su cliente no está obligado a entregarse antes de la audiencia programada para el martes sobre la demanda en Syracuse.

Taal fue suspendido temporalmente de Cornell por segunda vez el otoño pasado después de que un grupo de activistas propalestinos interrumpiera una feria de empleo en el campus. Tiene acceso limitado al campus mientras continúa sus estudios de forma remota.

En su demanda, Taal y sus codemandantes argumentan que las órdenes ejecutivas de Trump violan los derechos de libertad de expresión de los estudiantes y académicos internacionales. Taal afirma que estuvo en la protesta de la feria de empleo durante cinco minutos y no enfrentó cargos criminales.

“Si la Primera Enmienda no protege el derecho a asistir a una manifestación, ¿qué queda?” expresó Lee. “No mucho”.

En el caso que involucra a la Universidad de Columbia, los fiscales federales presentaron el jueves nuevas acusaciones contra el estudiante graduado Mahmoud Khalil, diciendo que no había revelado su trabajo con la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos y su empleo continuo con la embajada británica para Siria, con sede en Beirut. Los fiscales también dijeron que no reveló su participación con Columbia University Apartheid Divest, un grupo de coalición de organizaciones estudiantiles anti-Israel.

Ramzi Kassem, un abogado de Khalil, calificó las acusaciones de “claramente débiles”, señalando que el gobierno tendría que probar que cualquier omisión fue tanto intencional como materialmente importante.

“Es muy obviamente una acción de retaguardia para apuntalar su caso de inmigración”, afirmó. “Esto no cambia el hecho de que este sigue siendo un caso sobre el discurso propalestino del señor Khalil y el hecho de que al gobierno no le gusta.”

La administración Trump había argumentado previamente que el papel prominente de Khalil en las protestas de la Universidad de Columbia equivalía a un apoyo antisemita a Hamás, un grupo terrorista designado por Estados Unidos. Khalil, quien recibió su maestría de la escuela de asuntos internacionales de Columbia el semestre pasado, sirvió como negociador para los estudiantes mientras negociaban con los funcionarios universitarios sobre el fin del campamento de tiendas erigido en el campus la primavera pasada.

El argumento de la administración se basa en un estatuto legal raramente invocado que autoriza al secretario de Estado a revocar la visa de cualquier no ciudadano cuya presencia en Estados Unidos podría considerarse una amenaza para los intereses de política exterior del país.

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Hill reportó desde Albany, Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.