Por SERGIO FARELLA
BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández (2009-2015) y otras ocho personas condenadas por licitaciones irregulares de obras públicas durante la gestión de la dirigente peronista deberán abonar en conjunto en un plazo de 10 días más de 500 millones de dólares por el perjuicio al Estado.
Así lo ordenó el martes un tribunal federal que condenó a todos ellos en 2022 a penas de prisión.
En el caso de la líder del peronismo opositor, recibió una sentencia de seis años de cárcel que comenzó a cumplir en junio en su domicilio de Buenos Aires por administración fraudulenta. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada a ejercer cargos públicos de forma perpetua.
En una resolución a la que tuvo acceso The Associated Press, el tribunal señaló que Fernández y los otros condenados deben reunir 684.990.350.139 pesos (535 millones de dólares) —suma que fue definida con anterioridad por los peritos de la Corte Suprema de Argentina— y definir si los abonarán en partes iguales o bajo otra modalidad.
Si en 10 días hábiles Fernández y los otros obligados a compensar —un empresario y exfuncionarios— no depositan el dinero en una cuenta del estatal Banco Nación, la justicia procederá a decomisar y rematar sus bienes que están embargados.
Los fiscales han identificado cuentas bancarias, sociedades empresarias, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los condenados.
Todos ellos pueden apelar la decisión del tribunal hasta que la suma quede firme y pueden llegar hasta la Corte Suprema. Las defensas de los obligados consideran que el monto que deben depositar es mucho menor.
El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que ha sido actualizada.
El tribunal destacó el “daño producido al erario público” a raíz “de un gravísimo hecho de corrupción”.
Entre los otros condenados alcanzados por la decisión están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exresponsables de Vialidad nacional y de Vialidad de Santa Cruz.
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La periodista de AP Almudena Calatrava contribuyó a este reporte desde Buenos Aires.
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