Por ÉDGAR H. CLEMENTE
TAPACHULA, México (AP) — Autoridades de seguridad del estado de Chiapas informaron sobre la adquisición de una flotilla de drones artillados para combatir el crimen en esa zona del sur de México, donde tiene lugar una disputa entre los cárteles de la droga Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El equipo tecnológico estará a cargo de la Secretaría de Seguridad local, a la cual pertenece la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, cuyos elementos cruzaron recientemente en una persecución contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada a territorio guatemalteco, lo que ocasionó un conflicto diplomático entre los dos países fronterizos.
“Estamos activando estos drones, podemos cargar ametralladoras, podemos usarlo también para incendios”, dijo durante un evento público Óscar Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad de Chiapas.
La dependencia agregó en un comunicado que dos de los drones artillados serán enviados a la frontera con Guatemala para apoyar las tareas del grupo Pakal.
“Los (drones) presentados tienen una capacidad de carga de hasta 35 kilos, son autosuficientes y pueden cargar ametralladoras, se pueden usar para incendios, cuentan con cámaras infrarrojas”, detalló el comunicado.
Aparicio Avendaño informó, además, que se adquirieron dos bases móviles blindadas —de cuatro que se pretenden obtener— denominadas “Kanan” y con capacidad para albergar a 24 elementos, que serán desplegadas en zonas remotas.
Desde diciembre pasado, cuando asumió el gobierno local Eduardo Ramírez, del oficialista partido Morena, declaró un combate frontal al crimen para revertir la espiral de violencia en la que se enfrascaba la región fronteriza con Guatemala por la disputa de las rutas del tráfico de drogas, armas y migrantes.
Incluso creó un grupo de élite —los Pakales— integrado por exagentes de la extinta Policía Federal y exmilitares. Sin embargo, ya pesan diversas denuncias. En mayo pasado uno de sus miembros desertó y denunció a otros compañeros de corrupción, así como presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ello motivó el despido de un mando y se abrió una investigación.
El caso más reciente fue el ingreso indebido de los Pakales con vehículos blindados y artillados a territorio guatemalteco durante una persecución que comenzó en el lado mexicano, cuyo saldo fue cuatro presuntos criminales abatidos.
Recientemente el gobierno local presumió que la entidad se posicionó como la más segura del país con el menor índice de delitos de México.
Pero la estrategia ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas en un reciente informe consideró que la pacificación que proclaman las autoridades parece deberse a la mayor militarización de la región y no al desmantelamiento real de los grupos criminales.
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