LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte anunció el jueves que no permitirá que la Corte Interamericana de Derechos Humanos suspenda un proyecto de ley aprobado por el Parlamento, el cual otorgaría amnistía a uniformados que violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
En una ceremonia de graduación de policías, Boluarte declaró que Perú no es “colonia de nadie” luego de que la Corte IDH pidió detener el trámite del proyecto en manos del gobierno. Boluarte puede promulgarlo, devolverlo a los legisladores o no hacer nada. Si sucede lo último, el Parlamento lo promulgaría tras 15 días.
En una resolución, la Corte IDH añadió que los jueces deben abstenerse de aplicar el proyecto legislativo, en caso de convertirse en ley. Al ser miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Perú debe obediencia a la Corte IDH, el más alto tribunal regional en esa materia.
La mandataria —denunciada por la fiscalía por su supuesta responsabilidad en el asesinato de manifestantes durante protestas al comenzar su gobierno, en 2022 y 2023— dijo que el proyecto de ley “busca justicia” para militares y policías que arriesgaron su vida “contra la insania del terrorismo”.
En 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) —declarado culpable por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos y fallecido en 2024— promulgó otra ley de amnistía para militares violadores de derechos humanos, que la Corte IDH declaró sin efectos jurídicos en 2001.
El actual proyecto extingue de responsabilidad penal a uniformados procesados por graves violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales ocurridas entre 1980 y 2000. También otorga amnistía a uniformados sentenciados mayores de 70 años.
La amnistía provocaría que 156 casos con sentencias y más de 600 procesos en trámite quedaran impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos y que han litigado durante décadas en decenas de procesos judiciales.
Según una comisión de la verdad sobre el conflicto armado interno de Perú, las víctimas de esos enfrentamientos eran indígenas en su mayoría, atrapados en los choques entre uniformados y el grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 al suceder a Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Castillo intentó disolver el Parlamento, sin lograrlo, mientras una comisión legislativa lo investigaba por presunta corrupción. El Congreso destituyó a Castillo y Boluarte lo reemplazó.
Entre fines de 2022 y 2023, hubo sucesivas manifestaciones en el sur de Perú que pedían la renuncia de Boluarte y fueron reprimidas por uniformados con uso excesivo de la fuerza, según la ONU. Un total de 50 civiles murieron, la mayoría por proyectiles de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, señala la fiscalía.
Boluarte dejará el poder el 28 de julio de 2026 tras las elecciones de abril de ese año.
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