Por GARY FIELDS
WASHINGTON (AP) — Un funcionario aliado con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk ha sido puesto a cargo del Instituto de Paz de Estados Unidos, un grupo de expertos creado y financiado por el Congreso que el presidente Donald Trump desea cerrar, según un documento presentado en un tribunal federal el lunes.
Dos miembros de la junta del Instituto de Paz han autorizado reemplazar a su presidente temporal con Nate Cavanaugh, según el documento. Le ordenaron, dice, transferir la propiedad del instituto a la Administración de Servicios Generales, el administrador de bienes raíces del gobierno federal, que está terminando cientos de arrendamientos a instancias de DOGE.
El documento judicial solicita al juez Beryl Howell en Washington detener la acción o programar una conferencia para abordar los problemas tan pronto como sea “practicable”.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La acción sigue a un despido masivo el viernes por la noche de casi todos los 300 empleados del instituto. Exempleados dicen que solo unos pocos no recibieron notificación, incluidos colegas que están en el extranjero, a quienes se les dio hasta el 9 de abril para regresar a Estados Unidos, y los vicepresidentes regionales, que dirigen las áreas donde están basados.
Dos exempleados, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijeron que fueron contactados por correos electrónicos privados porque han sido bloqueados del sistema del instituto y no pudieron regresar al trabajo desde un tenso enfrentamiento a principios de este mes en el que miembros de DOGE fueron acompañados por la policía. Se les dio hasta el 7 de abril para retirar sus efectos personales.
Una orden ejecutiva de Trump en febrero incluyó al instituto, que busca prevenir y resolver conflictos, y a otras tres agencias en una lista de agencias que deben ser cerradas. Los miembros de la junta, que son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, y el presidente del instituto fueron despedidos. Más tarde, hubo un enfrentamiento entre empleados que bloquearon a los miembros de DOGE para que no ingresaran a la sede del instituto. El personal de DOGE al final obtuvo acceso con la ayuda de la policía.
Howell reprendió a los representantes de DOGE por su comportamiento, pero no reinstaló a los miembros de la junta ni permitió que los empleados regresaran al lugar de trabajo.
El documento judicial presentado por los demandantes reconoce las acciones previas de Howell negando una orden de restricción temporal. “Buscan alivio ahora simplemente para preservar el status quo con respecto a la jurisdicción del Tribunal para otorgar alivio si determina que la remoción de la gran mayoría de los directores del Instituto fue ilegal”, dice.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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