Associated Press
LA PAZ, Bolivia (AP) — Indígenas aymaras del altiplano de Bolivia y transportistas protestaron el miércoles contra el presidente Luis Arce por la falta de combustibles, un día después que su gobierno logró un acuerdo político para garantizar la realización de elecciones en agosto.
Los denominados “ponchos rojos” marcharon —algunos de ellos encapuchados— y paralizaron el centro de La Paz, la sede de gobierno de Bolivia. Rodearon las inmediaciones del centro del poder político y pidieron la renuncia de al menos cinco funcionarios, entre ellos los ministros del área encargada de importar los carburantes, y que el Estado reduzca sus gastos.
Arce pasa por un momento complicado debido a la escasez de diésel y gasolina, los cuales afectan a la producción y el transporte en el país, y ello ha disparado el precio de los alimentos. Para el lunes se anunciaron otras protestas a nivel nacional.
Luego de gobernar Bolivia durante casi dos décadas, el partido gobernante Movimiento al Socialismo se encuentra fracturado debido a las disputas entre Arce y el expresidente Evo Morales por el control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de agosto, y corre el riesgo de perder su hegemonía política. Morales fue inhabilitado para postularse a la presidencia, y un fallo judicial le quitó la dirección del MAS, mientras que Arce —que aún no ha oficializado su candidatura— tiene baja popularidad.
Paralelamente, en la vecina ciudad de El Alto los transportistas públicos realizaron un paro, aunque horas después anunciaron que lo levantarían. Indígenas y transportistas dieron de plazo hasta el lunes para que las autoridades atiendan sus exigencias.
“Nosotros estamos perjudicados porque tenemos que pasar días en las filas por combustible y no podemos trabajar; es un perjuicio”, se quejó Luis Chávez, dirigente de transportistas de áreas rurales en el departamento de La Paz.
Aunque Arce logró un acuerdo el martes —sin líderes opositores— con políticos afines y autoridades del órgano electoral y el poder judicial, en el cual se le dio respaldo y se garantizó celebrar elecciones el 17 de agosto en medio de anuncios de una posible desestabilización, de todas formas estos acuerdos fueron criticados porque se le dio prioridad a los problemas políticos, pero no a la crisis económica que se profundiza por falta de dólares.
La divisa estadounidense es necesaria para importar un 90% del diésel y la mitad de la gasolina. El sector agroindustrial es uno de los sectores más afectados, ya que requiere diésel para poder operar.
El gobierno de Arce admitió que el problema se debe a la falta de liquidez de dólares y anunció 10 medidas para contrarrestarla, pero de todas formas ello no ha logrado eliminar las filas en las gasolineras.
Arce promulgó la aplicación de un crédito por 75 millones de dólares que ya había sido otorgado a Bolivia pero estaba estancado en el Congreso. Su gobierno ha exigido que se aprueben otros créditos, de forma que haya liquidez de dólares.
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