Por SOPHIE AUSTIN
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Más de 20 estados, la mayoría de ellos gobernados por demócratas, demandaron el martes al gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos para recortar los pagos de Medicaid al mayor proveedor de abortos del país: Planned Parenthood.
La medida es una respuesta al paquete de recortes fiscales y de gastos que el presidente Donald Trump promulgó a principios de este mes. Los nuevos recortes se centran en servicios como exámenes y pruebas de detección de cáncer, control de natalidad y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, al poner fin a los reembolsos de Medicaid durante un año para los principales proveedores de servicios de planificación familiar.
Los recortes se aplican a grupos que recibieron más de 800.000 dólares de Medicaid en 2023. El objetivo era apuntar a Planned Parenthood, pero la legislación también afectó a un importante proveedor médico en Maine.
California, Nueva York, Washington D.C., Connecticut y otros estados argumentan en una demanda presentada en el tribunal federal de Massachusetts que el lenguaje de la disposición es poco claro sobre a qué grupos se aplica. También afirman que se toma represalias contra Planned Parenthood por abogar por el acceso al aborto, violando la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Los estados están solicitando que la parte de la ley sea bloqueada y declarada inconstitucional.
Los recortes amenazan el acceso a la atención médica para muchos estadounidenses de bajos ingresos, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa.
“Este ataque no se trata sólo del aborto”, dijo el demócrata. “Se trata de negar a las comunidades vulnerables el acceso a la atención que necesitan todos los días”.
Pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos, nombrado como demandado en la querella, defendió la disposición.
“Los estados no deberían verse obligados a financiar organizaciones que han optado por la defensa política sobre la atención al paciente”, dijo el portavoz Andrew G. Nixon en un correo electrónico. “Es una pena que estos fiscales generales demócratas busquen socavar la flexibilidad estatal y desestimar preocupaciones de larga data sobre la rendición de cuentas”.
Maine Family Planning, que opera 18 clínicas que ofrecen una variedad de servicios en todo el estado, y la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos presentaron demandas separadas a principios de este año desafiando los recortes. Planned Parenthood dijo que, aunque no se menciona específicamente en la ley, la disposición estaba destinada a afectar sus casi 600 centros en 48 estados. Aproximadamente un tercio de esas clínicas corre el riesgo de cerrar debido a la ley, lo que privaría de atención a más de 1 millón de pacientes, argumenta el grupo.
Un juez federal dictaminó el lunes que las clínicas de Planned Parenthood de todo el país deben seguir recibiendo reembolsos de Medicaid.
Maine Family Planning señaló que tenía suficiente en sus reservas para seguir atendiendo a pacientes cubiertos por Medicaid sin reembolsos sólo hasta octubre. Aproximadamente la mitad de los pacientes del grupo que no buscan abortos están inscritos en Medicaid.
La demanda de los estados presentada el martes argumenta que al empujar a las clínicas de Planned Parenthood a cerrar o recortar servicios, podría aumentar los costos de atención médica de los estados a largo plazo. De lo contrario, los recortes obligarán a los estados a usar sus propios fondos para mantener abiertos los centros de salud.
“O bien tenemos que cumplir y violar los derechos constitucionales de Planned Parenthood y luego empujar a las personas a proveedores alternativos que no existen, que no tienen la capacidad de asumir la carga, o tenemos que gastar más de seis millones de dólares o más para cubrir (esos servicios)”, dijo William Tong, fiscal general demócrata de Connecticut.
La ley federal ya prohíbe que el dinero de los contribuyentes cubra la mayoría de los abortos, pero algunos conservadores argumentan que los proveedores de abortos usan el dinero de Medicaid para otros servicios de salud para subsidiar el aborto.
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La periodista de The Associated Press Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyó a este despacho.
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Austin es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. Sigue a Austin en X: @sophieadanna
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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