Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — Una jueza de Estados Unidos rechazó el lunes el pedido del gobierno argentino para que suspendiera una orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes de un juicio contra el país sudamericano por la nacionalización de esa petrolera en 2012.
La jueza federal Loretta Preska de Nueva York se pronunció sobre el pedido de Argentina el día en que vencía el plazo para entregar ese paquete accionario de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park.
Preska, quien el 30 de junio había emitido la orden a favor de esos fondos litigantes, dijo que Argentina “continúa demorando y eludiendo sus obligaciones”, en un fallo emitido al que tuvo acceso The Associated Press.
Argentina confía ahora en que prospere a su favor una apelación que presentó días atrás ante una corte de segunda instancia de Estados Unidos solicitando la revocación de la orden de Preska.
YPF es propietaria de uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas no convencional del mundo en Vaca Muerta, en la Patagonia argentina.
La jueza había ordenado el 30 de junio al gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei que transfiriera las acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon). Fue en el marco de una causa que se inició en 2015 y en la que la misma magistrada había resuelto que el país debe desembolsar 16.100 millones de dólares a los litigantes por daños e intereses impagos.
Luego de conocer la decisión de Preska, Milei señaló que el gobierno iba a apelar “en todas las instancias” que correspondiera “para defender los intereses nacionales”.
Sebastián Maril, experto en deuda soberana, dijo que se prevé que en los próximos 20 días la corte de apelaciones de Estados Unidos decida sobre el pedido del gobierno argentino. El analista acotó a la prensa que “esta estrategia de patear la pelota a ver si alguna corte falla a favor nuestro” va “sumando intereses” al monto que Argentina fue obligada a pagar.
Según Milei, el fallo de la jueza “no tiene aplicación porque violenta la ley argentina”, en referencia a que la legislación establece que cualquier decisión sobre las acciones de YPF debe ser aprobada por el Congreso argentino con dos tercios de los votos.
Preska había ofrecido tres opciones para que el país cumpliera con la sentencia: el aval del Congreso, cambiar la ley o satisfacer la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes.
En 2012 el entonces gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández (2007-2015) expropió una participación mayoritaria en YPF, la empresa energética más grande del país. El Congreso aprobó una ley por la que se expropiaba el 51% de las acciones de la energética al entonces accionista mayoritario, la empresa española Repsol, que recibió una compensación de unos 5.000 millones de dólares.
Sin embargo, los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park presentaron una demanda alegando que el gobierno había violado los estatutos de la empresa al no hacer una oferta por las acciones restantes de la compañía. Luego, Petersen le vendió al fondo Burford Capital el derecho a litigar.
YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que los demandantes pudieron entablar la querella ante un tribunal estadounidense.
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