Por ALMA SOLÍS
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El gobierno de Panamá anunció el viernes un plan que permitirá exportar el cobre acumulado en una mina, inactiva desde 2023, que era operada por una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals y cuyo contrato con el Estado generó las mayores protestas en décadas y fue declarado inconstitucional por la justicia.
El programa anunciado como de “preservación y gestión segura” por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, permitirá a la vez la exportación de 121.000 toneladas métricas secas de concentrado de cobre actualmente almacenadas en el sitio, tras el abrupto cierre de su operación, confirmó la compañía canadiense.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá suspendió sus actividades en noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato-ley que la respaldaba, aprobado por el anterior gobierno de Laurentino Cortizo. La decisión desató semanas de protestas masivas y bloqueos a nivel nacional. Desde entonces, el sitio ha permanecido cerrado a la espera de medidas para garantizar su control ambiental y operativo.
“El propósito es evitar, sobre todo, daños ambientales”, declaró el viernes el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien enfatizó que no se va a reactivar la mina, sino que se implementará “un plan técnico, de cuidado y mantenimiento que va a garantizar la seguridad, sobre todo, del sitio y de sus áreas aledañas”.
El plan incluye medidas técnicas y ambientales que serán financiadas y ejecutadas por la empresa Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum, confirmó el funcionario panameño.
Según Moltó, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, van a supervisar que el cobre ya extraído esté disponible para que se pueda proceder a exportar. “Nos han dicho los expertos que esto debe ser un proceso que debe demorar entre 3 a 6 meses porque toma su tiempo por el tema ambiental” afirmó.
De acuerdo con el comunicado de la empresa canadiense, el plan para las actividades de preservación y gestión segura, así como las medidas ambientales, se financiará “mediante la exportación de 121.000 toneladas métricas secas de concentrado de cobre”.
La mina sigue suspendida a la espera de que el gobierno de Panamá entre en conversaciones con la empresa y otros actores, pero para esto fue necesario que quedaran suspendidos los arbitrajes que puso la empresa al caerse el anterior contrato-ley.
En abril, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anticipó que su gobierno no buscará retomar ese contrato ley para resolver la situación legal de la mina, sino que apostará por una figura distinta.
“La única ruta que no va a existir es un contrato ley, no habrá contrato-ley minero, punto”, afirmó durante un acto público. Y aseguró que se trabajará en establecer “una real asociación” que refleje que “la mina es de Panamá y de los panameños”. El mandatario aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva y que se están iniciando auditorías y acercamientos con las empresas involucradas.
Originally Published:
