Associated Press
BOGOTÁ (AP) — Tras la aprobación de una reforma laboral en el Congreso de Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró el sábado que se controlará su cumplimiento y pidió a los trabajadores, en medio de un acto público de festejo, mantenerse vigilantes.
“Es un triunfo del pueblo”, aseveró Petro durante una concentración masiva convocada por el gobierno en una plaza de la ciudad de Medellín, 246 kilómetros al noroeste de Bogotá, y señaló que, ahora “debe ser aplicada en toda empresa pública y privada”.
“Hay muchas leyes lindas, pero muertas porque no le hace caso nadie”, advirtió el presidente colombiano y anunció la contratación de inspectores para el control, así como futuras reuniones con empresarios.
La reforma fue aprobada en el Senado el martes y ratificada el viernes en la Cámara de Representantes.
Con las reformas, la jornada diurna será máximo de ocho horas y terminará a las 7:00 de la noche y en adelante aplicarán horas extras; el recargo por trabajo en domingos y días festivos pasará del 75% al 100% y se priorizarán los contratos a término indefinido sobre los de plazo fijo.
Sectores de oposición han señalado que las reformas afectarán al sector productivo al aumentar sus costos operativos, pero el mandatario ya ofreció un nuevo proyecto de ley para beneficiar a las pequeñas empresas.
La aprobación de las modificaciones al sistema laboral se dio tras meses de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que incluyó el llamado de Petro a una consulta popular por decreto para que los ciudadanos se pronuncien, desconociendo una negativa previa del Senado.
Petro afirmó en el acto que cumplirá con su palabra y tras la aprobación de la reforma derogará el decreto de la consulta popular.
“Pacto por la paz urbana”
Durante su intervención la noche del sábado en el acto denominado “Un pacto por la paz urbana”, el mandatario se refirió, también a una propuesta que se inserta en su política de “paz total” pero esta vez, dijo, no con las guerrillas sino con la “delincuencia dura”.
Afirmó que invitará a la fiscal a visitar las cárceles y buscar, bajo las normas legales existentes, la forma de entregar “beneficios jurídicos” a cambio “de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios y de la extorsión”.
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