Por BRIAN MELLEY
LONDRES (AP) — La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) confirmó que investiga una filtración sobre la investigación que resultó en la exoneración de 23 nadadores chinos que dieron positivo por un fármaco cardíaco prohibido antes de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.
La agencia defendió su decisión de exonerar a los nadadores por dopaje. Afirmó que había acordado con las autoridades antidopaje chinas que las muestras de los nadadores estaban contaminadas.
La existencia de la investigación por parte de China y la AMA se había mantenido en secreto antes de que el periódico The New York Times y la emisora alemana ARD informaran sobre ella el año pasado.
ARD informó el miércoles que la agencia quiere identificar a la persona que alertó a los medios de comunicación sobre la investigación. El movimiento es inusual porque la AMA fomenta y depende de los denunciantes para erradicar el dopaje.
Günter Younger, director de Inteligencia e Investigaciones de la AMA, confirmó que había lanzado la Operación Puncture para conocer sobre la filtración, pero negó que estuviera buscando a la persona que dio la alerta.
“No estamos persiguiendo al denunciante”, dijo Younger a los periodistas en un evento de medios en Londres. “Lo que queremos intentar averiguar es cómo ocurrió la filtración y cuál fue la motivación de la misma.”
Younger destacó las fuertes protecciones de la agencia para los denunciantes y dijo que era política no revelar investigaciones en curso para proteger a aquellos que puedan ser acusados injustamente de uso de drogas.
Dijo que creía que la filtración tenía motivaciones políticas y buscaban evitar que eso volviera a suceder, pero no haría nada que pusiera en peligro al denunciante.
El caso de la natación china ha sido un punto de controversia en el deporte y la WADA ha sido criticada por atletas, organismos rectores del deporte y grupos dedicados a combatir el uso de drogas para mejorar el rendimiento.
Entre los mayores críticos han estado los líderes antidopaje y autoridades en Estados Unidos, cuyo gobierno se ha negado a pagar su cuota anual a la WADA, que supera los 3,6 millones de dólares.
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