Por AMIR-HUSSEIN RADJY
EL CAIRO, Egipto (AP) — Los agentes de seguridad iraníes llegaron a las dos de la madrugada en media docena de autos que estacionaron frente a la casa de la familia Nakhii. Despertaron a las hermanas Nyusha y Mona y las obligaron a darles las contraseñas de sus celulares. Luego se las llevaron.
Las mujeres fueron acusadas de participar en las protestas a nivel nacional que habían sacudido Irán una semana antes, según contó a The Associated Press una amiga de ambas, que habló bajo condición de anonimato por su seguridad mientras describía los arrestos del 16 de enero.
Detenciones como esas se repiten desde hace semanas, tras la represión gubernamental del mes pasado que sofocó las protestas que exigían el fin del gobierno teocrático de la República Islámica. Se han reportado redadas en viviendas y lugares de trabajo tanto en grandes ciudades como en localidades rurales, lo que revela una campaña masiva que ha afectado a amplios sectores de la sociedad iraní. Entre los arrestados hay estudiantes universitarios, doctores, abogados, maestros, actores, empresarios, deportistas y cineastas, así como figuras reformistas cercanas al presidente, Masoud Pezeshkian.
Suelen pasar días o semanas incomunicados y se les impiden contactar con familiares o abogados, según activistas que monitorean los arrestos. Esto ha llevado a parientes desesperados a lanzarse a la búsqueda de sus seres queridos.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ha cifrado el número de detenciones en más de 50.000. La AP no ha podido verificar el dato. Hacer un seguimiento de los arrestados ha sido complicado desde que las autoridades iraníes bloquearon el acceso a internet, y los reportes se filtran con dificultad.
Otros grupos de activistas fuera de Irán también han estado trabajando para documentar las redadas.
“Las autoridades siguen identificando a gente y deteniéndola”, afirmó Shiva Nazarahari, organizadora de uno de esos grupos, el Comité para Monitorear la Situación de los Manifestantes Detenidos.
Hasta ahora, el Comité ha verificado los nombres de más de 2.200 detenidos gracias a reportes directos de sus familias y a una red de contactos sobre el terreno. Entre los arrestados hay 107 universitarios, 82 menores de hasta 13 años, además de 19 abogados y 106 médicos.
Según Nazarahari, las autoridades han estado revisando cámaras callejeras municipales, cámaras de vigilancia de tiendas y grabaciones de drones para seguir a personas que participaron en las protestas hasta sus casas o puestos de trabajo, donde son arrestadas.
Retenidos durante semanas sin contacto
Las protestas comenzaron a finales de diciembre, provocadas por la indignación ante el vertiginoso incremento de los precios, y se extendieron rápidamente por todo el país. Alcanzaron su apogeo el 8 y 9 de enero, cuando cientos de miles de personas se echaron a las calles en más de 190 ciudades y localidades.
Las fuerzas de seguridad respondieron con una violencia sin precedentes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos ha contabilizado hasta ahora más de 7.000 muertos y sostiene que la cifra real es mucho mayor. En su único balance de fallecidos, publicado el 21 de enero, el gobierno comunicó 3.117 decesos. En oleadas de disturbios anteriores, la teocracia ha subestimado o no ha reportado las muertes.
Gholamhossein Mohseni Ejehi, un clérigo conservador que está al frente del poder judicial en Irán, se convirtió en el rostro de la represión; calificó a los manifestantes de “terroristas” y pidió castigos rápidos.
Desde entonces, “las detenciones han sido muy generalizadas porque es como una asfixia total de la sociedad”, dijo un manifestante contactado por la AP en Gohardasht, una zona de clase media a las afueras de la capital, Teherán. Contó que dos de sus familiares y tres amigos de su hermano fueron asesinados en los primeros días de la represión, además de varios vecinos. Habló bajo condición de anonimato por temor a ser perseguido por las autoridades.
Las hermanas Nakhii, Nyusha, de 37 años, y Mona, de 25, fueron llevadas primero a la conocida prisión de Evin, en Teherán, donde se les permitió ponerse en contacto con sus padres, apuntó su amiga. Más tarde, añadió, las trasladaron a Qarchak, un penal para mujeres a las afueras de la capital donde grupos de derechos humanos denunciaron hacinamiento y falta de higiene incluso antes de la represión.
Otras personas cuyos arrestos fueron documentados por el Comité han desaparecido dentro de las prisiones. La familia de Abolfazl Jazbi no ha sabido nada de él desde su detención el 15 de enero en una fábrica de Isfahán, una ciudad del sur del país. Jazbi padece una grave enfermedad sanguínea que requiere medicación, agregó.
De Atila Sultanpour, de 45 años, no se tienen noticias desde que agentes de seguridad se lo llevaron de su casa en Teherán el 29 de enero y lo golpearon brutalmente, según Dadban, un grupo de abogados iraníes afincados en el extranjero que también documenta los arrestos.
Las autoridades también suspendieron cuentas bancarias, bloquearon tarjetas SIM y confiscaron propiedades de parientes de manifestantes o de personas que les mostraron públicamente su apoyo, señaló Musa Barzin, abogado de Dadban, citando reportes de familias.
En represiones anteriores, a veces las autoridades mantenían una apariencia de debido proceso y Estado de derecho, pero esta vez no ha ocurrido, indicó Barzin. Cada vez más, niegan a los detenidos el acceso a asesoría legal y a menudo los retienen durante días o semanas antes de permitir cualquier llamada telefónica a sus familias. Abogados que representan a manifestantes arrestados también han recibido citaciones judiciales y han sido detenidos, de acuerdo con Dadban.
“El cumplimiento de la ley está en su peor momento”, afirmó Barzin.
Continúan las señales de resistencia
Pese a la represión, muchos grupos cívicos siguen emitiendo comunicados desafiantes.
La Asociación de Escritores de Irán, un grupo independiente con una larga tradición de disidencia, difundió un comunicado en el que describió las protestas como un levantamiento contra “47 años de corrupción y discriminación sistémicas”.
Además, anunció que dos de sus miembros habían sido detenidos, incluyendo un miembro de su secretaría.
Un consejo nacional que representa a maestros de escuela instó a las familias a denunciar el arresto de niños y estudiantes. “No teman las amenazas de las fuerzas de seguridad. Acudan a abogados independientes. Hagan públicos los nombres de sus hijos”, señaló en un comunicado.
Un portavoz del consejo dijo el domingo que documentó el asesinato de al menos 200 menores en la represión. Esa cifra suponía un incremento de varias decenas con respecto al dato reportado unos días antes.
“Cada día nos decimos que esta es la última lista”, escribió Mohammad Habibi en X. “Pero a la mañana siguiente, vuelven a llegar nuevos nombres”.
Colegios de abogados y asociaciones médicas también se han pronunciado, incluido el consejo de médicos sancionado por el Estado, que pidió a las autoridades que dejen de hostigar al personal sanitario.
La indignación por el derramamiento de sangre ahora se suma al descontento por la situación de la economía, asfixiada por décadas de sanciones, corrupción y mala gestión. El valor de la moneda, el rial, se ha desplomado y la inflación ha alcanzado niveles récord.
El gobierno anunció medidas como un nuevo programa de cupones para bienes de primera necesidad. Sindicados y asociaciones comerciales, incluyendo un sindicato nacional de jubilados, emitieron comunicados condenando la crisis económica y política.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un portaaviones y otros recursos militares al golfo Pérsico y sugirió que Washington podría atacar a Irán por la muerte de manifestantes pacíficos o si Teherán lleva a cabo ejecuciones masivas por las protestas. Un segundo portaaviones estadounidense va camino de Oriente Medio.
La teocracia iraní ha hecho frente a las protestas y amenazas de Estados Unidos en el pasado, y la represión mostró su férreo control sobre el país. Esta semana, las autoridades organizaron concentraciones a favor del gobierno con cientos de miles de asistentes para conmemorar el aniversario de la Revolución Islámica de 1979.
Aun así, Barzin dijo que considera la brutalidad de la represión como un indicio de que el liderazgo iraní “por primera vez tiene miedo a ser derrocado”.
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El periodista de The Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut, Líbano, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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